DECALOGO DE MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA AUTÓNOMOS
El pasado 26 de junio el Gobierno en Consejo de Ministros aprobaba la prolongación de las ayudas para los autónomos y de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre, con el acuerdo de agentes sociales y las organizaciones de autónomos más representativas.
En el caso de los más de 1.500.000 autónomos que se habían beneficiado de la prestación extraordinaria por cese de actividad se les concedía de forma automática la exoneración del 100% de la cuota de seguridad social en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre. Se ofrecía también a aquellos autónomos que mantuvieran una caída en su actividad del 75% en esos meses poder solicitar la prestación por cese de actividad ordinario pero compatible con la actividad hasta el 30 de septiembre y se habilitaba una ayuda para los autónomos de temporada.
Dichas medidas se negociaron en un contexto, en el que más del 90% de los autónomos había reiniciado su actividad tras la finalización del estado de alarma y creíamos que la pandemia nos daría una tregua al menos hasta octubre y así poder compensar en verano parte del impacto económico producido por el COVID-19 en la actividad de los autónomos. Pero no ha sido así.
El número de rebrotes y contagios no deja de crecer en agosto, y con ellos, las restricciones a la actividad y a la llegada de turistas y un cada vez mayor número de localidades bajo confinamiento.
Si la primera oleada de la pandemia, se saldó con un millón de empleos menos (EPA 2oTRIM), de los cuales 135 mil estaban bajo el paraguas de los autónomos, esta segunda oleada, sin duda, llevará a muchos autónomos al cierre y, a los que son empleadores, a tener que reducir plantilla, como ya se observaba en junio en los datos de autónomos propiamente dichos de Seguridad Social.
Ante este nuevo panorama desalentador con desconfianza por parte de los consumidores y los empresarios, se hace urgente establecer desde ya un plan de emergencia, y con vistas a un otoño e invierno muy duros, que prorrogue las ayudas existentes hasta el próximo 1 de abril de 2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo.
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