En estos términos, todos coincidieron en la garantía que constituye la colegiación obligatoria para los derechos de pacientes y usuarios, que son la razón de ser de los Colegios Profesionales junto al amparo de los profesionales.
La Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 17 de enero de 2013, que declara la obligatoriedad de la colegiación en Andalucía, ratifica a los profesionales colegiados y a los colegios como garantes del interés público, reconocidos por la Constitución Española, que además confluye con la Directiva Europea de Servicios 123/2006, que actualmente se encuentra en plena implantación en España, por lo que los presidentes andaluces están a disposición de las administraciones públicas del estado y de la comunidad autónoma para dar aplicación a la Ley en aras de preservar los intereses de los ciudadanos.
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